El ayuntamiento de Manacor está estudiando en profundidad decidir “incumplir el decreto ley sobre el funcionamiento y gestión de guarderías públicas del Govern”, porque según el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, y la responsable municipal de Educación, Cati Riera, la mencionada ley es “irreal, inasumible, incomprensible, irracional e intervencionista”, además se proponen cambios vinculantes que cuestan mucho dinero y el Govern “sólo aporta el 10% de los costes de cada aula y curso, lo que ha generado aún más inquietud entre ayuntamientos y padres”.
Pastor y Riera comparecieron ayer miércoles a las 10 horas en rueda de prensa para dejar claro que la nueva ley del Govern sobre el funcionamiento de las guarderías públicas “es muy poco seria y pone de manifiesto el total desconocimiento de la consellera Bárbara Galmes sobre el sector que pretende regular”.
La ley 10 de abril de 2008 promulgada por el ejecutivo de Antich sobre guarderías públicas, según Pastor y Riera, “elimina la prioridad de los padres residentes sobre la plaza del niño y permite la igualdad de preferencia a todos aquellos padres que tengan el puesto de trabajo en el municipio, al margen de donde vivan”. Además el ejecutivo se queda muy corto cuando aporta por cada aula y curso para su gestión, tan sólo 4.000 euros, cuando el presupuesto óptimo según el ayuntamiento de Manacor se cifra en un mínimo de 45.000 euros y según la patronal 55.000 euros.
Riera y Pastor mantienen que la nueva ley estipula 6.000 euros para cada plaza nueva que se crea, cuando cuesta el doble de dinero como mínimo. Además regulan el sector con normativas y reglamentos preceptivos y vinculantes cuando los ayuntamientos aportan de media el 40% de los costes, el 50% los padres y tan sólo el 10% el Govern, según Pastor y Riera “falta la dotación económica óptima de la mencionada ley, porque no se les puede imponer a los padres nuevas reglas y además ellos ponen la mayoría del dinero que cuesta el servicio”.
Manacor asegura, según Pastor, que su guardería municipal se paga a razón del 44% el ayuntamiento, el 48% los padres y el 8% de subvenciones regladas. Si la financiación en el 92% de la gestión corre a cargo municipal y los progenitores “lo normal es que puedan realizar alegaciones e impugnar el decreto si la discrepancia es total”.
Responsables del Govern en materia educativa han informado a este rotativo, que una vez que sepan cuáles son las alegaciones de Manacor para incumplir el decreto, la consellera Galmes se pronunciará al respecto.