El
artículo del día: Diario de Mallorca
Lengua,
territorio, requisitos y derechos
28.04.09 -
GRUPO RAMON LLULL La confusión interesada que subyace
en la decidida voluntad del Govern balear de convertir esta
autonomía en una autonomía monolingüe catalana,
con casi total exclusión de la lengua común
del Estado en todos sus usos públicos e institucionales,
obliga a una disección puntillosa del marco jurídico
y lingüístico que prescribe la Constitución,
tarea que, a estas alturas de treinta años de vigencia
constitucional y de inequívoco desarrollo jurisprudencial,
no debería ser necesaria si no fuera por los vigentes
planteamientos pro- catalanistas sencillamente rayanos en
una deriva coactiva y totalitaria.
El artículo 3 de la Constitución fija, de manera
muy clara, no sólo el marco jurídico, sino,
también, el modelo lingüístico que debe
regir en España: el castellano es la lengua oficial
del Estado, todos tienen el derecho a usarla con el plus del
deber de conocerla; y el resto de las lenguas españolas
son oficiales en el estricto ámbito autonómico.
De estas diáfanas definiciones se deduce -y deduce
el Tribunal Constitucional- dos consecuencias: a) que el castellano
es la lengua común y oficial del Estado y es oficial
y común en todas las instituciones, poderes y administraciones
del Estado, incluidas las autonómicas que "son",
también, Estado. (STC 82/1986 y varias sentencias más);
y, b) que el territorio es el criterio delimitador de la oficialidad,
tanto de la lengua común como de la lengua autonómica
en su ámbito. Es decir, el ámbito territorial
del castellano es toda España, incluida Balears, y
el ámbito territorial del "catalán-mallorquín"
es sólo Balears.
Este es el régimen de bilingüismo y cooficialidad
que aquí viola, una y otra vez, el Govern autonómico
frente a los que defendemos en las instituciones un bilingüismo
impecable e implacable presidido por la libertad electiva
de la lengua, libertad residente en el ciudadano y no en la
lengua. La cooficialidad, dicho con otras palabras, significa
que, en el territorio balear es oficial la lengua "catalana"
y lo es, también y con prevalencia, la lengua oficial
del Estado, siendo este marco y despliegue lingüístico
de obligado cumplimiento en todas las instituciones autonómicas.
El llamado "caso de los médicos", y al margen
de cualquier otro tipo de consideraciones reiteradas en la
prensa balear, es un claro ejemplo de esta violentación
del espíritu y letra del artículo 3 de la Constitución
y de todo el posterior desarrollo jurisprudencial. Si no existe
el "deber" de conocer el catalán -y no existe-
no se puede condicionar, por la vía del "requisito"
de conocer el catalán, el acceso al desempeño
de cargos profesionales en la sanidad pública autonómica,
ya que ello constituiría un claro torcimiento del Derecho
rayano en el fraude de ley que es lo que ocurre cuando se
utiliza una norma -la que fija el "requisito" del
catalán- para perseguir un fin jurídicamente
amparado como es, en este caso, el derecho a "no conocer"
el catalán. Por esto, el conocimiento del catalán
por parte de los profesionales de la sanidad pública,
puede ser un "mérito", pero no un "requisito".
Es cierto que el derecho a usar la lengua autonómica
puede llevar aparejado el derecho a ser atendido en esta lengua,
pero dicha atención ni se concreta ni puede concretarse
en un deber individual, sino, en todo caso, institucional.
Y todo ello cogido con pinzas, ya que si rige el "deber"
de conocer la lengua común del Estado, no hay ninguna
razón, absolutamente ninguna, para que dicho "deber"
no se manifieste en toda su plenitud jurídica. Para
entendernos: el BOCAIB puede publicar las leyes y disposiciones
autonómicas en castellano y en catalán, pero
no únicamente en catalán, es decir, la publicación
sólo en castellano cumpliría plenamente el requisito
de la publicidad y entendimiento de las leyes. Conviene que
el catalanismo político recuerde algo elemental y obvio:
España no es, ni constitucional ni lingüísticamente,
el Canadá ni Bélgica, sino una nación
y un estado con una lengua común y otras lenguas españolas,
cuya protección y reconocimiento ampara la Constitución.
Planteadas
las cosas en los términos violentos y excluyentes
del catalanismo político e institucional, una legítima
reacción defensiva tendría probablemente todas
las de ganar en términos estrictamente jurídicos.
Obviamente, no se trata de esto, ni esto es lo que pretende
el Grupo Ramon Llull. Se trata, sencillamente, de recuperar
el sentido común, la convivencia pacífica
entre lenguas -tal y como ha ocurrido tradicionalmente en
esta tierra- abandonar esta violencia institucional que
se practica, aparcar la expulsión de hecho del castellano
y aplicar un bilingüismo en serio y presidido -insistimos-
por esta inalienable libertad electiva del ciudadano. El
bilingüismo sale caro porque todo -impresos oficiales,
normas, multas, rotulaciones públicas, etc?- debe
duplicarse y ofrecerse a la ciudadanía en las dos
lenguas oficiales. Pero esta carestía debe ser asumida,
no sólo por los contribuyentes, sino, en primer y
principal lugar, por las administraciones autonómicas.
No lo hacen, sino más bien todo lo contrario y así
han conseguido convertir la lengua o las lenguas en armas
de confrontación fratricida. Equivocarse de escenario,
practicando una absurda y falsa analogía, conduce
a errores de perspectiva o a construcciones virtuales sin
anclaje en la realidad. Es lo que está ocurriendo
aquí.
Por último, hay que recordar y urgir a los partidos
políticos que, por su militancia y votantes, asumen
esta apuesta por el bilingüismo y la libertad electiva
de la lengua- que definan y se definan con claridad sobre
estos aspectos que, desde el mismo nacimiento de la autonomía,
planean ominosamente sobre nuestra sociedad. Unos lo han
hecho, pero otros siguen instalados en la ambigüedad.
En este sentido no bastan discursos a favor de corregir
errores pasados. Hay que apostar decididamente por "otro"
modelo lingüístico que recoja los imperativos
estatutarios y constitucionales que prescriben un bilingüismo
real y una libre elección de los ciudadanos de cualquiera
de las dos lenguas oficiales concurrentes en nuestra autonomía.
Y no bastan los actuales discursos, primero, porque experiencias
conocidas plantean un serio y razonable problema de credibilidad
y, segundo, porque el anuncio de derogación de leyes
nefastas como la Ley de Normalización Lingüística
y el Decreto de Mínimos, constituye, sencillamente,
un brindis al sol si no va acompañado de una clara
y definida alternativa sustitutoria de las normas que se
derogan. Este es el envite y la responsabilidad que deben
asumir a la mayor urgencia- antes de las elecciones europeas,
por ejemplo- aquellos partidos que, en solitario o en coalición,
pueden recuperar la sensatez y las libertades en materia
lingüística, hoy, por desgracia, cada vez más
lejanas y ausentes en nuestro panorama político y
cultural.
(*)
Integran el Grupo Ramón Llull Miguel Nigorra Oliver,
Rafael Gil Mendoza, Sebastián Urbina, Joan Font Rosselló,
Sebastián Jaume Muñoz-Maldonado, Román
Piña Homs y Antonio Alemany Dezcallar.
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