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Declaración
de UPyD a favor de la libertad lingüística en
Baleares
02.05.08
Desde
su fundación, Unión, Progreso y Democracia
ha puesto especial interés en denunciar los perjuicios
que el nacionalismo ha ocasionado a la libertad y a la igualdad
de los ciudadanos españoles. Observamos con preocupación
que la ideología nacionalista ha conseguido infiltrarse
en las políticas de los partidos supuestamente no
nacionalistas. Se deba a la ignorancia de planteamientos
alternativos a tales convenciones o a la necesidad de pactos
con fuerzas radicales y minoritarias con tal de asegurarse
el poder, UPyD se perfila como única fuerza libre
de tales prejuicios y señala la urgencia de corregir
sus nocivas consecuencias.
Las
Islas Baleares son un ejemplo de cómo doctrinas incompatibles
con las sociedades modernas, por mucho que se nos presentan
falsamente como conquistas de la modernidad, repercuten
en campos sensibles de la sociedad. La radicalización
del Govern Balear al pretender erradicar de la vida pública
el castellano es un paso más en la pendiente que
conduce a primar los rasgos compartidos por un colectivo
(la raza, la religión, lengua, sexo, clase social…)
como característica capital para definir a quienes
puedan disfrutar legítimamente de ciertos derechos
y oportunidades. En definitiva, una resolución excluyente,
que nos retrotrae a épocas históricas teóricamente
superadas.
Al
amparo de gobiernos autonómicos del PP y PSOE, el
Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización
Lingüística son ejemplos de cómo la obsesión
identitaria ha distorsionado dichos campos. El resultado
ha sido la práctica expulsión de las aulas
de una lengua oficial y el uso discriminatorio de la lengua
en un número creciente de ámbitos, como el
acceso a la docencia, a la administración de la Sanidad
o en general al funcionariado, del que quedan excluidos
los españoles que no tengan titulación previa
de catalán. La consecuencia directa de anteponer
el dominio de una lengua a la formación profesional
es una calidad inferior de los servicios prestados a la
ciudadanía.
A
pesar de ello, la realidad de Baleares es la de una sociedad
bilingüe y permeable en la que sólo desde la
asunción de posturas imbuidas de ideología
nacionalista se afirma que exista un problema real. Por
eso lamentamos las imposiciones de quienes no aceptan dicha
realidad como un hecho enriquecedor. Además, echamos
en falta una verdadera cultura de las libertades que permita
comprender, a quienes supuestamente nos representan, que
las políticas intervencionistas fracasan o producen
efectos perversos mucho peores que la realidad que intentan
transformar.
Creemos,
por tanto, que el marco legal debe alinearse con dicho bilingüismo
real en lugar de negarlo. No aceptamos el concepto de lengua
propia recogido en el Estatuto, por ser el buque insignia
de los planteamientos identitarios que denunciamos y que
sirve de fundamento a la discriminación. Sólo
las personas tienen lenguas propias, en ningún caso
los territorios; por ello consideramos adecuado el concepto
de lengua oficial y entendemos que las dos más implantadas
deben serlo en igualdad de condiciones.
El
debate mallorquín/catalán es una cuestión
filológica que deben resolver los especialistas y
en la que no deben inmiscuirse los políticos. Nuestros
planteamientos en defensa de las libertades individuales
nos impiden sustituir el catalanismo imperante por un balearismo.
Y aunque entendemos que el segundo es una reacción
ante el proyecto político que subyace al primero
(la creación vía lingüística de
los Països Catalans), la función de las autoridades
no debe ser la de un planificador lingüístico
que se atribuye la potestad de preservar ni modificar esencias
históricas heredadas del pasado, sino propiciar un
marco legal que asegure la igualdad de derechos para todos.
Muchos
de estos asuntos cristalizan en el mundo educativo. Bastaría
aceptar un bilingüismo real y efectivo para empezar
a racionalizarlo. Eso permitiría invertir energías
y medios en elevar el nivel de nuestros alumnos en lugar
de convertirlo en una herramienta de control lingüístico
e ideológico, una cuestión bastante más
acuciante que la redacción de textos en mallorquín,
menorquín, ibicenco y formenterense. La desaparición
de la política de inmersión lingüística
acercaría las aulas a la realidad plural de la calle,
en lugar de convertir los centros en laboratorios de sociolingüística,
en guetos, por lo demás, artificiales. UPyD actuará,
desde el momento en que llegue a las instituciones, para
promover la modificación del artículo 4 del
Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar el concepto
de lengua propia y así restaurar la equiparación
de las dos lenguas oficiales, así como para derogar
la Ley de Normalización Lingüística y
el Decreto de Mínimos y garantizar la elección
de lengua vehicular por parte de los padres.
Si
este asunto se tratara desde una perspectiva no visceral,
se aceptaría sin acritud lo evidente: no sólo
hubo un tiempo en que no existía ninguna de las lenguas
que hoy en día usamos, sino que habrá un tiempo
en que no existirán. No por ello la creatividad del
ser humano ha dejado ni dejará jamás de originar
nuevas formas de comunicación, para la que las lenguas
no son más que un medio. |
